El Gobierno ha puesto como límite el 31 de julio para llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Este plazo, que tiene como objetivo concretar la reforma del sistema de jubilación, implica alcanzar un entendimiento con los agentes sociales, los cuales desempeñan un papel crucial en este proceso.
En el contexto de la Seguridad Social, el ministro José Luis Escrivá ha subrayado la importancia de este acuerdo y ha detallado las medidas que están siendo consideradas. Entre ellas, se contempla una revalorización de las pensiones conforme al IPC y la implementación de un mecanismo de equidad intergeneracional que asegure la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Otro aspecto esencial de la reforma es la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, una medida que ha generado diversas opiniones entre los expertos y los propios pensionistas. Este ajuste busca equilibrar las finanzas de la Seguridad Social y garantizar que el sistema continúe siendo viable.
También se está debatiendo sobre el incremento de las bases máximas de cotización, una medida que permitiría aumentar los ingresos del sistema. La propuesta incluye la posibilidad de que los trabajadores con mayores ingresos coticen más, contribuyendo así a una financiación más robusta.
En paralelo, se plantea fortalecer los incentivos para que los trabajadores prolonguen su vida laboral de manera voluntaria, mediante bonificaciones y otras ventajas fiscales. Esta acción tiene como objetivo aliviar la presión sobre el sistema de pensiones al reducir el número de jubilaciones anticipadas.
Finalmente, el Gobierno está enfocado en garantizar una inclusión más amplia en el mercado laboral, especialmente de los jóvenes y de aquellos colectivos que tradicionalmente han tenido más dificultades para acceder a un empleo estable. Este esfuerzo incluye medidas de formación y empleo que faciliten la integración laboral y, por ende, un aporte constante al sistema de Seguridad Social.